El proyecto de ley catastral y registral fue enviado al Ejecutivo federal; busca vincular la información de predios y propiedades entre los tres órdenes de gobierno.
La creación de una Clave Única Catastral para identificar los inmuebles y la homologación de los catastros y registros públicos de la propiedad avanzaron con la aprobación del Senado de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, cuyo proyecto fue turnado al Ejecutivo federal.
El dictamen obtuvo 69 votos a favor y 32 en contra en lo general. En la discusión particular, las propuestas de modificación presentadas por integrantes del PAN y del PRI fueron rechazadas; los artículos reservados se aprobaron en los términos del dictamen, con 66 votos a favor y 28 en contra.
El ordenamiento busca establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para modernizar, actualizar y permitir el intercambio de información entre los sistemas catastrales y registrales.
Una clave para identificar cada inmueble
El proyecto contempla una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral, destinada a reunir los datos mínimos de identificación y ubicación de cada predio y vincular la información catastral con la registral.
También prevé un Plan Nacional Catastral, que fijará las directrices, prioridades y acciones para modernizar la función catastral, así como una Plataforma Nacional Catastral para coordinar tecnológicamente a las autoridades y actualizar la cartografía. Estos instrumentos forman parte del proyecto descrito por el Sistema de Información Legislativa.
La finalidad, según sus promotores, es detectar inconsistencias entre dependencias y facilitar su corrección mediante los procedimientos legales correspondientes.
Mayor certeza patrimonial, sostienen sus promotores
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, afirmó que el proyecto permitirá contar con información más confiable sobre los propietarios, las características de los inmuebles y su situación registral.
Sostuvo que la modernización no invade la autonomía municipal ni centraliza la recaudación del impuesto predial, que permanece a cargo de los municipios.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, señaló que las bases comunes facilitarán el intercambio de información y la identificación de errores.
Por Morena, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz destacó que las diferencias entre los datos del catastro y del registro público pueden dificultar trámites y la acreditación de derechos sobre los inmuebles.
Advierten costos y riesgos en el manejo de datos
Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron las consecuencias de la implementación.
Miguel Márquez Márquez, del PAN, pidió garantizar que los datos patrimoniales estén protegidos y no puedan manipularse indebidamente.
Gabriel Elizondo Pérez, del PRI, advirtió sobre una posible centralización de decisiones y señaló que los municipios necesitarán recursos para digitalizar sus sistemas y capacitar a su personal.
Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la modernización podría convertirse en una carga administrativa para los gobiernos locales y generar mayores costos para las familias.
Aprobación legislativa no equivale a entrada en vigor
Con el envío al Ejecutivo federal, el proyecto avanzó a la etapa de promulgación y publicación. La aprobación del Senado no significa, por sí sola, que la nueva ley ya esté vigente; su aplicación deberá sujetarse al decreto que se publique en el Diario Oficial de la Federación y a sus disposiciones transitorias.