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- El sentenciado fue detenido en Sonora en 2019 con 41 vejigas natatorias ocultas en un vehículo. El fallo contempla la reparación del daño ambiental en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Una persona recibió sentencia de cuatro años de prisión y una reparación del daño por 19 millones 27 mil 591 pesos por un delito contra la biodiversidad relacionado con el tráfico ilegal de vejigas natatorias de totoaba, informaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El fallo contra Jorge “N” consideró las agravantes de finalidad comercial y afectación a un área natural protegida, conforme al artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, de acuerdo con el comunicado de ambas instituciones.
Transportaba 41 vejigas natatorias ocultas
Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2019, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron al ahora sentenciado en Sonora.
Durante la intervención localizaron 35 envoltorios con 41 vejigas natatorias de totoaba (Totoaba macdonaldi), ocultos en un vehículo con placas de California, Estados Unidos. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR.
Peritajes sustentaron el daño ambiental
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial.
La Profepa participó como coadyuvante, parte ofendida y parte técnica durante la integración de la investigación y el juicio oral. Aportó asesoría jurídica y dictámenes periciales para identificar la especie y cuantificar el daño ambiental.
Según las autoridades, estas pruebas permitieron acreditar la finalidad comercial de la conducta y la afectación a la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
El monto fijado por el tribunal busca reparar la afectación a la totoaba, la vaquita marina y el ecosistema, señalaron las instituciones. El comunicado informa de la obligación impuesta en la sentencia, pero no precisa que el dinero ya haya sido pagado.
La FGR y la Profepa indicaron que mantendrán la coordinación para investigar delitos ambientales. Por su parte, la procuraduría informó que trabaja con el sector ambiental en propuestas para reforzar las sanciones aplicables a estas conductas.