El exhorto busca resolver la situación de personas que entregaron documentación e incluso realizaron los pagos correspondientes para regularizar sus vehículos, pero cuyos procedimientos administrativos quedaron inconclusos después de la modificación al decreto ocurrida en diciembre de 2025.
El problema afecta particularmente a propietarios de unidades en Baja California, aunque también se han registrado casos en otras entidades fronterizas, entre ellas Chihuahua y Sonora.
Senadores y diputados plantearon que la SHCP establezca mecanismos que permitan atender de manera uniforme a quienes puedan demostrar que comenzaron correctamente su solicitud y cumplieron los requisitos establecidos mientras el programa se encontraba vigente.
La petición no plantea abrir indiscriminadamente un nuevo proceso de regularización para cualquier vehículo extranjero, sino resolver los expedientes que ya habían sido iniciados y permanecen pendientes de conclusión.
Trámites y pagos quedaron en el limbo
El origen del problema se encuentra en el programa implementado por el Gobierno de México a partir de 2022 para regularizar determinados vehículos usados de procedencia extranjera que circulaban en diversas entidades, principalmente de la franja fronteriza, sin haber realizado su importación definitiva.
La medida buscaba brindar certeza jurídica sobre la propiedad de las unidades, proteger el patrimonio de las familias e incorporarlas a los registros oficiales para fortalecer los mecanismos de control y seguridad pública.
Sin embargo, tras la reforma realizada en diciembre de 2025 al decreto que fomentaba la regularización, numerosos procedimientos quedaron pendientes pese a que sus propietarios ya habían presentado documentos y, en algunos casos, efectuado el pago correspondiente.
Ante esa situación, la Comisión Permanente consideró necesario encontrar una salida administrativa para quienes puedan comprobar que comenzaron el procedimiento dentro del periodo establecido.
Piden respetar legalidad y “confianza legítima”
El dictamen aprobado destaca que permitir la conclusión ordenada de los trámites contribuiría a garantizar los principios de certeza jurídica, legalidad y confianza legítima.
Los legisladores argumentaron que las personas que actuaron conforme a las reglas vigentes y comenzaron oportunamente el procedimiento deben recibir una respuesta sobre sus expedientes.
Además del impacto patrimonial, señalaron que muchos de estos vehículos son utilizados por las familias para trasladarse diariamente a sus centros laborales, escuelas y otras actividades.
La conclusión de los procedimientos también permitiría incorporar formalmente las unidades al padrón vehicular nacional, lo que facilitaría su identificación y fortalecería los controles administrativos y de seguridad pública.
El llamado de la Comisión Permanente está ahora dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá determinar las medidas administrativas que, dentro de sus atribuciones, puedan aplicarse para atender los casos pendientes.
Para los propietarios afectados, el punto fundamental será acreditar que iniciaron el procedimiento en tiempo y forma y que cumplieron los requisitos correspondientes, particularmente en aquellos expedientes donde ya existe documentación presentada o pagos realizados.