Los 5.8 millones de dólares recuperados por el Estado mexicano mediante un proceso judicial en Florida relacionado con el caso de Genaro García Luna y la familia Weinberg serán destinados a escuelas de la Montaña de Guerrero, principalmente de educación media superior y superior, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. El monto equivale a alrededor de 100 millones de pesos.
Los recursos provienen de una acción emprendida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para recuperar activos vinculados con un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y la familia Weinberg.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que el objetivo es utilizar el dinero en una de las regiones con mayores necesidades del país.
“Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país”, señaló la mandataria.
La prioridad serán planteles de educación media superior y superior de la Montaña de Guerrero, aunque la Presidenta dejó abierta la posibilidad de destinar parte de los recursos a educación básica, dependiendo de las necesidades que sean identificadas.
México recibió 5.8 millones de dólares
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, la UIF promovió una demanda civil en Florida para recuperar activos relacionados con el esquema investigado.
El 19 de mayo de 2026 se dictó una resolución favorable al Estado mexicano y, como resultado del proceso, el pasado 25 de agosto México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares.
El dinero provino de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, vinculadas con la familia Weinberg. Además, todavía está pendiente la liquidación de otros activos que podrían ser recuperados a favor del Estado mexicano.
Sheinbaum destacó que, de acuerdo con su gobierno, se trata de la primera ocasión en que recursos de este caso regresan al erario público.
UIF señala operaciones por cientos de millones de dólares
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que las investigaciones identificaron entre 2008 y 2018 un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la dependencia, se detectaron contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares. La UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente, en septiembre de 2021, promovió una demanda civil en Florida.
El caso avanzó mediante la coordinación de la UIF con la FGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
UIF: esquema involucró empresas fachada y contratos gubernamentales
De acuerdo con el reporte presentado por la UIF, el análisis financiero permitió reconstruir una red utilizada para triangular y movilizar recursos.
La dependencia atribuye a la familia Weinberg participación en una estructura corporativa relacionada con empresas fachada que habrían sido beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecio.
En conjunto, el esquema presentado por la UIF identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.
El comunicado también señala que en 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en Florida relacionada con los Weinberg por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares. Sin embargo, esa cantidad no equivale al dinero que México ya recuperó: hasta el momento, el monto recibido que reporta el Gobierno federal es de 5.8 millones de dólares.
UIF reporta más de 24 mil cuentas inmovilizadas
Durante la presentación, Reyes Colmenares informó además que, en lo que va de la administración de Sheinbaum, la UIF ha incorporado a 2 mil 395 personas a la lista de personas bloqueadas y ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas, por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.
De esas cuentas, 7 mil 861 corresponderían, según la UIF, a integrantes de organizaciones criminales con presencia en México. Otras mil 443 cuentas han sido inmovilizadas en acciones relacionadas con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
El Gobierno federal deberá precisar ahora qué escuelas de la Montaña de Guerrero recibirán los aproximadamente 100 millones de pesos recuperados y bajo qué mecanismo serán asignados, información que no se detalla en el comunicado.