La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las dependencias del Gobierno de México, con el que se establecerán reglas más precisas sobre la información que debe hacerse pública y se ordenará la publicación mensual de los contratos gubernamentales, además de reforzar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es evitar que la difusión de información quede sujeta al criterio de los servidores públicos y garantizar que solo pueda reservarse aquella relacionada con procesos judiciales o administrativos en curso, así como la que esté debidamente justificada por razones de seguridad nacional.
“Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo judicial, no puede informarse. (…) Cada mes se va a estar informando de los contratos públicos. Entonces, es transparencia total del Gobierno de México”, señaló la presidenta.
Sheinbaum recordó que el artículo 6 de la Constitución establece que toda la información en posesión de autoridades, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos es de carácter público, salvo las excepciones previstas por la ley y bajo el principio de máxima publicidad.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca que las instituciones publiquen información adicional de interés público, más allá de las obligaciones legales, y destacó que la Plataforma Nacional de Transparencia ya fue estabilizada e incorporó herramientas para facilitar la consulta y descarga de información.
Asimismo, anunció que en un plazo máximo de 30 días hábiles la plataforma contará con contenidos más completos, formatos más accesibles y mayor información para consulta ciudadana.
El decreto contempla cuatro ejes principales. El primero establece la publicación mensual de todos los contratos públicos celebrados por las dependencias federales. El segundo amplía la información disponible sobre las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, políticas de operación, gobierno corporativo y contratos.
El tercer apartado incorpora mayor información sobre auditorías y fiscalización, mediante la difusión del Programa Anual de Fiscalización, el estado que guardan las auditorías, el seguimiento a las observaciones formuladas por los órganos internos de control y el padrón de despachos auditores externos.
Finalmente, el Gobierno federal invitó a estados, municipios y a los demás poderes públicos a sumarse a esta política para fortalecer la transparencia y hacer más oportuna la rendición de cuentas.
Raquel Buenrostro adelantó que también se trabaja en una simplificación de las reservas por interés público y seguridad nacional para privilegiar que la información reservada sea temporal y, cuando sea posible, se difunda mediante versiones públicas. Agregó que estas medidas formarán parte de las reformas que se preparan para la Ley General de Transparencia.