La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) impulsa punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a informar el número de estudiantes mexicanos deportados de Estados Unidos que buscaron ingresar al ciclo escolar 2018-2019, a fin de coadyuvar en la generación de mecanismos idóneos para atender a nuestros connacionales.
La legisladora resaltó que México vive uno de los momentos más complejos de su relación bilateral con Estados Unidos. “Las políticas migratorias y el discurso xenofóbico del gobierno estadounidense constituyen la violación sistemática de los derechos humanos de nuestros connacionales y un ambiente de miedo al que el Estado mexicano tiene que responder, lo que no ha hecho con la determinación que la situación amerita”.
Refirió que durante la administración de Barack Obama se deportaron 2.8 millones de personas entre 2009 y 2016; sin embargo, desde mucho tiempo antes, los mexicanos encabezan la lista de nacionalidades con el mayor número de personas deportadas. “Aun así, el gobierno mexicano no se ha preparado para dar la atención y protección que esta comunidad necesita y merece”.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), entre enero y junio de este año, 109 mil 296 mexicanos fueron repatriados a nuestro país, 42 por ciento más que en el mismo periodo de 2017.
Aunque las cifras siguen sin alcanzar los niveles del gobierno de Barack Obama, dijo, los expertos advierten sobre el aumento de la presión en la frontera. “El alza en las deportaciones coincide con el endurecimiento de la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump y, sin duda, es imperante que el gobierno mexicano redoble los esfuerzos, ya que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes deportados son los más afectados por estas políticas migratorias”.
Martínez Ruiz recordó que en 2017, el Congreso de la Unión aprobó modificar la Ley General de Educación que faculta a las autoridades del sector implementar acciones dirigidas a atender, de manera preferente, a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, identidad cultural, origen étnico o nacional o situación migratoria, entre otras.
Estableció, asimismo, que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes no será un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional que deberá facilitar opciones para obtener la documentación que permita su integración.
También señala que, en términos operativos, la revalidación y equivalencia de estudios, así como la acreditación de conocimientos adquiridos a través de modalidades distintas a las escolares se regula a través del “Acuerdo 286 que establece los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación y equivalencia de estudios. En el caso de la educación básica, el 15 de junio de 2015 quedó eliminado el requisito de apostilla y traducción en los documentos oficiales.
Por ello, la diputada Martínez Ruiz resaltó la importancia de conocer el número de estudiantes que buscaron ingresar al ciclo escolar 2018-2019 beneficiándose de dichas modificaciones, cuántos no lograron hacerlo, y los motivos por los que no pudieron ingresar. Ello, para que los legisladores “estemos en posibilidades de coadyuvar en la generación de mecanismos idóneos para atender a nuestros connacionales deportados a México”.
También pidió que la SEP desarrolle e implemente una campaña de integración para prevenir la discriminación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos que se han visto sujetos a un procedimiento de repatriación forzada o voluntaria.
Solicitó, además, a la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinar con las demás secretarías de Estado la implementación de un programa de reunificación familiar, a fin de garantizar la integración al sistema educativo del país a familias separadas por motivos de una deportación y no están seguras de poder restablecerse en México.
