Al concluir el “Primer parlamento abierto para la elaboración de una iniciativa de la nueva Ley Financiera Nacional Agropecuaria”, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), señaló que son claros los grandes requerimientos que tiene el agro; por ello, es vital tener leyes bien hechas en la parte del crédito.
“Es una gran responsabilidad para las y los legisladores que la ley quede bien hecha y que el sector primario que tiene tanto éxito no decaiga con un mal ordenamiento”, afirmó.
Terrazas Baca dijo que en las tres fechas del parlamento (8, 15 y 22 de junio) se abordaron temas de la cartera vencida; transición de fideicomisos en el contexto de decretos e iniciativas de desaparición de éstos; la banca de primer piso; atender a pequeños y medianos productores; apoyo a sectores con más riesgo que requieran cambio tecnológico; educación financiera y reasignaciones presupuestales.
Los comentarios más reiterativos, añadió, versaron sobre la necesidad de transformar la financiera en un banco de desarrollo; las tasas de interés; un marco jurídico especializado que respalde a pequeños y medianos productores; estrategias y procedimientos a fin de ser más eficiente y buscar el fomento de la actividad agroalimentaria.
Se consideró que la participación de Agroasemex es central, pero debe administrarse de forma separada; reconocer el derecho constitucional de los campesinos al crédito, coberturas de precios y seguros agropecuarios; construir un sistema crediticio que obedezca lineamientos de la soberanía de producción de alimentos, especificó.
Intervención de diputadas y diputados
El diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) consideró necesario hacer más eficiente a Finagro y advirtió que se busca que los fideicomisos sirvan al interés de todos, ahorrar recursos y canalizarlos al desarrollo del campo. “No se trata de competir con la banca comercial, sino de establecer una coordinación y sinergia entre ambos espacios de financiamiento”.
Del PRI, la diputada Erika Sánchez Martínez dijo que la nueva iniciativa de ley debe tener claro cuál es la función de la banca de desarrollo; la nueva financiera nacional agropecuaria no debe tener fines de lucro, pero sí, tasas de interés que le permitan ser autosuficiente y contar con un presupuesto multianual que se incremente cada año por ley, de acuerdo con la inflación y llegar a todos los rincones del país.
El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Reginaldo Sandoval Flores, señaló: “Soy de los que cree que se requiere una banca de desarrollo adecuada a las circunstancias que requiere México; no tengan duda que todas sus iniciativas las vamos a tomar en cuenta para el diseño de esta nueva ley”.
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputado de Encuentro Social, asumió el compromiso de contribuir a la transformación del campo con responsabilidad, disciplina y de la mano de campesinos y productores. “La pandemia y la desaceleración de la economía mundial ha dejado efectos negativos, por lo que se tiene que ver cuáles son los mejores instrumentos para reactivar”.
Por Morena, la diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que este parlamento es para enriquecer la iniciativa y que va en el sentido de que sea la banca de desarrollo la que quede bien instalada en beneficio de los pequeños productores principalmente. “Nos va a llevar un tiempo el entender que sí es una propuesta distinta y que lo haremos evitando el despilfarro y corporativismo”.
El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (PRI), líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dijo que la nueva institución debe dar respuesta amplia y profunda por el bien de la economía, la paz y la tranquilidad del país. Manifestó la necesidad de aprobar una institución “que sea más comercial que de desarrollo”, pues con la fluctuación de precios internacionales, el cambio climático y el crédito caro, sería darle el tiro de gracia al campo.
A su vez, el secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, diputado Juan José Canul Pérez (PRI), sugirió recursos públicos con esquemas que conviertan esos montos en garantías líquidas, “para apostarle a que a todos nos vaya mejor en el sector productivo”. La ley debe garantizar que la financiera sea una auténtica banca de desarrollo.
Funcionarios, especialistas y representantes
En la mesa “Aspectos agropecuarios de interés del sector”, Javier Nava Tello, director Fiduciario de Financiera Nacional de Desarrollo, destacó que actualmente el problema del agro es la falta de un proyecto de desarrollo a largo plazo. Los retos de la reestructura son: reactivación productiva con asistencia técnica especializada, incremento de producción y combate directo a la pobreza, sustentabilidad y medio ambiente.
El diputado local de Michoacán, Eduardo Orihuela Estefan (PRI) y también presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales AC, se manifestó porque las tasas de intermediación de las dispersoras se reduzcan, porque se han incrementado de manera constante a través de los años e, incluso hoy, las tasas privadas son más atractivas que las de la banca de desarrollo.
Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, señaló que solo el 10 por ciento de los productores del país tienen acceso al financiamiento. Agregó que uno de los retos del sector está en los granos básicos y en la administración de riesgos, aquí Finagro será vital para dar los seguros a los productores e impulsar la adopción de nuevas tecnologías.
El presidente Nacional de la Confederación Mexicana del Campo (Confenacam), Marco Antonio Esquivel expuso que con la Finagro habría una ventanilla única; ahorro de infraestructura y mobiliario; optimización de los procesos y uso de sistemas informáticos; ordenamiento integral de los servicios financieros; elevación de la productividad del campo e incremento del financiamiento.
Gerardo Rojas Robles, director de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, destacó que a este sector no se le ha asignado presupuesto y su única esperanza es el crédito, por ello “estamos esperando medidas que nos ayuden a no cerrar las empresas y aplaudo la iniciativa de crear una sola ventanilla; no hay que dejar caer la planta productiva”.
El director general del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro Encinas, mencionó que, ante la falta de respaldos al sector, el financiamiento es clave, por lo que es necesario tener una real banca de desarrollo. “Requerimos esquemas financieros incluyentes para pequeños, medianos y grandes productores”.
El coordinador de la Comisión de Trabajo Legislativo del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), Salvador Aguayo García, comentó que el campo requiere de créditos accesibles, oportunos y tasa de interés baja, subsidiada. “Necesitamos que el presupuesto se blinde porque hay muchos recortes. De qué vale que hagamos una iniciativa bien, si cuando es el momento de ejecutar recursos no se puede, por los recortes”.
El presidente nacional del Consejo Mexicano de Agrobiotecnología AC (Comabio), Marcel Morales Ibarra, dijo que el reto es transformar el modelo de producción obsoleto, costoso, altamente ineficiente y contaminante, por lo que planteó que la propuesta debe detectar los programas que tienen potencial de aportar en la transformación e “iniciar con el capital semilla”.
La representante de la Asociación Nacional de Jubilados de Banrural, María del Socorro García Mora, exhortó al Congreso de la Unión a que preserve íntegro el texto del artículo 2º transitorio consignado en el proyecto de iniciativa que se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 25 de febrero de 2020, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos legítimamente adquiridos.
La directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social AC, Isabel Cruz Hernández, afirmó que es necesario que la ley Finagro reafirme el enfoque de desarrollo para producir los alimentos, promover el desarrollo rural, reducir la pobreza e incorporar a todos los segmentos al crédito productivo.
Arturo Calderón Ruanova, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores, comentó que iniciativas como ésta deben privilegiar la inversión en bienes públicos y apoyar proyectos que tengan como eje central la sanidad e inocuidad. “Requerimos que la convergencia legislativa se dé y exista un plan para reducir el potencial desorden cuando tengamos una iniciativa hecha realidad”.
Manuel Guerrero Sánchez, presidente del Sistema Producto de Oleaginosas, planteó que la iniciativa privilegie el espíritu de la banca de desarrollo, con un marco jurídico especializado que atienda a todo productor que lo requiera, sobre todo a quienes no tienen otra fuente de financiamiento, brindando acceso ágil, suficiente y oportuno al crédito.
El presidente del Sistema Producto Sorgo, Raúl García Vallejo, dijo que la nueva Finagro, además, debe impulsar un auténtico seguro agrícola que cubra el 100 por ciento de la inversión, porque ahora se asegura 90 por ciento, pero si hay pérdida por sequía, baja 30 por ciento. Además, planteó se modifique la ley de Agroasemex.
El presidente de la Central Campesina Independiente, Amadeo Hernández Barajas, manifestó que el campo requiere una banca pública moderna y eficaz que dé microcréditos, que compita, que colabore con el ahorro, que maneje tarjetas de crédito para productores y use el recurso más accesible. Indicó que en la actualidad la banca de desarrollo no impulsa proyectos de gran calado, ni articula acciones para promover inversiones estratégicas.
Manuel Sescoses, ex director de Banorte y secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación de Asociaciones Ganaderas, precisó que los mayores créditos se orientan al sector agrícola, a la agroindustria y a la pesca. Planteó crear un grupo de técnicos especializados que promuevan y asesoren a los productores.
Alberto Islas Torres, socio director de Global Leading Solutions, pugnó por tener un plan de negocios y una meta de capitalización, es decir, qué se hará, cuánto capital y cómo se usará de forma eficiente. “Necesitamos saber cómo está la cartera de la financiera actualmente”.
Por el Movimiento Campesino Indígena y Afroamericano Plan de Ayala Siglo XXI, Imelda Alquicira, expuso que la nueva ley debe garantizar el derecho constitucional de todos los campesinos de acceder al crédito y el aseguramiento de sus cultivos, a exportaciones, actividades productivas o de servicios.
Juan Pablo Mendoza Molina, presidente del Organismo Integrador Nacional de Fondos de Aseguramiento, planteó evitar que Agrosemex dependa de Finagro, porque hay muy malas experiencias. Hizo votos para que el seguro agropecuario sea independiente de la Financiera Nacional.
El asesor en Mercados Financieros de Atik Capital, Samuel Maldonado Zavala, consideró importante que se mantenga a Finagro y Agroasemex como dos instituciones patrimoniales y operativamente independientes, lo que implica eliminar los artículos 38, 39 y 40, así como no permitir que el personal de Finagro trabaje para actividades de Agroasemex.
Representantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas AC; Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social AC; Unión General Obreros y Campesinos de México “Jacinto López”; Unión Campesina Democrática; de la Central Campesina Cardenista Democrática, externaron inquietudes sobre la cartera vencida y los fideicomisos. Además, detallaron que debe ser una banca de primer piso que aliente el desarrollo del mercado interno e incluya a los sectores que requieren cambio tecnológico.
