Como consecuencia de la austeridad republicana, el Gobierno federal quedó a deber presupuesto para el empoderamiento de las mujeres, reclamó la diputada Erika Sánchez Martínez al explicar que reformas Constitucionales como: Paridad en todo, contra la violencia política, violencia digital y declaratoria de alertas de género, no cuentan con el respaldo económico suficiente.
La Legislatura de la Paridad dio pasos agigantados, una lucha de los últimos 20 años, que apenas en este 2019, encontraron la luz, dijo la legisladora por el estado de Sinaloa; pero, es de lamentar la postura gubernamental al negar recursos a programas sociales que atienden el tema de violencia de género, a través de centros de justicia y ministerios públicos, o de imponer recortes a programas como el de estancias infantiles, a proyectos productivos en el campo, como el programa de mujeres rurales.
En contraparte el anexo 13, donde viene el grueso de los programas sociales como apoyos a adultos mayores y jóvenes, se otorgó un presupuesto holgado, con el argumento de que la mayor parte de los beneficiarios son las mujeres, expuso la legisladora por Sinaloa.
Que bueno que así sea, pero también que se tome en cuenta que las mujeres siempre hemos sido sujetas de violencia -siete de cada 10 mujeres-, y en la vida pública con mayor razón y hoy que vamos a tener más garantías para accesar a la vida pública, lamentablemente también se va a multiplicar la violencia política, sentenció.
Sánchez Martínez hizo el recuento de los cambios plasmados en la ley; por ejemplo, las reformas Constitucionales de paridad en todo, que permiten a las mujeres acceder a los espacios públicos donde se hace política, en cargos de primer nivel en los tres órganos de gobierno y en todos los Poderes. Una vez visibilizada la violencia política, hay forma de sancionarla y evitar que ésta quede impune.
El tema de violencia digital, es otra manera en que las mujeres somos violentadas en todos los sentidos, a través de la difusión y publicación de imágenes sin su consentimiento, hoy el delito está tipificado.
En el caso de los poco más de 2.4 millones de trabajadoras domésticas, se consiguió que mantuvieran sus derechos laborales a salvo; conservan prestaciones y no tienen cambios en el régimen fiscal.
La diputada Erika Sánchez Martínez fue incisiva al señalar que, una vez aprobadas las reformas, se requiere dinero para aplicarlas y que la ley no sea “letra muerta”.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020 se destinan 60 millones de pesos para atender el tema de violencia de género. El dinero repartido en 32 entidades federativas nos da poco menos de dos millones de pesos, recurso insuficiente para capacitar personal, crear ministerios públicos, más centros de justicia.
“Dos millones de pesos para cada entidad federativa es muy poco. Eso es una muestra, un ejemplo, de lo mucho que se necesita fortalecer presupuestalmente a todos y cada uno de los programas que tiene el Gobierno federal en apoyo de las mujeres. Necesitamos que termine esa visión y esa manera o de ver en este momento los programas para las mujeres”, concluyó la diputada priista