La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hará pública parte de la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La dependencia federal indicó que la decisión responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para transparentar la información en los términos que permite la legislación mexicana, sin afectar los procedimientos legales ni los compromisos internacionales en materia diplomática.
La Cancillería explicó que dará a conocer información general sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, así como datos relacionados con las solicitudes ciudadanas de acceso a la información que originaron este proceso de transparencia.
No obstante, aclaró que permanecerán reservados por un periodo de cinco años diversos documentos considerados de carácter sensible, entre ellos notas diplomáticas, comunicaciones oficiales, fichas informativas, minutas de reuniones con autoridades estadounidenses y expedientes directamente relacionados con procedimientos judiciales, al estar protegidos por la legislación nacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Posteriormente, la propia SRE difundió diversos documentos relacionados con el caso, entre ellos un oficio dirigido a la Embajada de Estados Unidos, una ficha informativa con la postura del Gobierno de México y documentación referente a las solicitudes de extradición, reiterando que cualquier procedimiento deberá desarrollarse conforme a la Constitución y al marco jurídico mexicano.
Las solicitudes de extradición derivan de las investigaciones que autoridades de Estados Unidos mantienen contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros exfuncionarios y servidores públicos de Sinaloa, quienes son señalados por ese país por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento, dichas acusaciones corresponden a procedimientos iniciados por autoridades estadounidenses y no constituyen una resolución judicial definitiva. En México, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con el análisis de la información remitida por el gobierno de Estados Unidos conforme a los mecanismos de cooperación internacional vigentes.
La decisión de transparentar parte de la documentación ocurre en un contexto de creciente cooperación y diálogo bilateral en materia de seguridad y justicia, particularmente tras las investigaciones relacionadas con el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado sobre alguna resolución judicial derivada de las solicitudes de extradición, por lo que el procedimiento continúa sujeto al tratado bilateral de extradición y a las disposiciones legales aplicables en ambos países.