La senadora Soledad Luévano Cantú propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para imponer tres medidas cautelares, de manera oficiosa, a quienes cometan los delitos de defraudación fiscal, hechos de corrupción y uso de programas sociales con fines electorales.
Sugirió la presencia del imputado por estos ilícitos cada determinado tiempo ante la autoridad que designe el juez; prohibir que los acusados salgan sin autorización del país, de su localidad o municipio; y la colocación de dispositivos electrónicos para localizar a quienes cometieron dichos delitos.
Se trata, destacó la legisladora de Morena, de tres medidas cautelares, disposiciones judiciales que se dictarían para garantizar el resultado del proceso penal y asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Luévano Cantú argumentó que existen delitos en los que las medidas cautelares “son muy vanas y no se les da la importancia requerida”, sobre todo en conductas relacionadas con la corrupción.
Dijo que a pesar de que estos delitos son de los que más se cometen en nuestro país, las y los jueces establecen medidas cautelares que han resultado ineficaces y esto hace que la ciudadanía se sienta defraudada por nuestro sistema judicial.
“El atraso en materia de legislación penal es, al menos parcialmente, un factor facilitador de la corrupción en nuestro país, lo que nos lleva a decir, sin más, que la Impunidad está frente a la mayoría de los casos de corrupción”, expresó.
Por ello, propuso adicionar el artículo 153 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer tres medidas cautelares para quienes comentan defraudación fiscal, hechos de corrupción y uso de programas sociales con fines electorales.
En el proyecto de decreto, que fue turnado de manera directa a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, la legisladora destaca que con ello se podrá otorgar seguridad a las víctimas de estos delitos, y lograr un México justo, donde la ciudadanía se sienta respaldada por las autoridades judiciales.
La senadora de Morena expresó que la reforma que propone es necesaria, toda vez que la legislación penal es incompleta y obsoleta, y deja fuera muchos paradigmas de los cuales “se agarran los representantes legales de los imputados para evadir sus responsabilidades”.