Con las iniciativas del grupo parlamentario del PAN para expedir la Ley para la Protección de Periodistas, Libertad de Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico, ambas de la entidad, el Congreso mexiquense suma iniciativas a favor del gremio periodístico estatal y la libre expresión de las ideas.
El diputado José Antonio García García dio lectura a las propuestas que se agregan a la presentada por la diputada Azucena Cisneros Coss, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, denominada Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México.
El documento, signado también por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, propone crear el Sistema Mexiquense de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; reconocer como derechos inherentes a la actividad periodística el acceso a la información y espacios públicos, los derechos de autor y firma, libertad de asociación, cláusula de conciencia, el secreto profesional, la protección eficaz y eficiente de las autoridades, además de que los gobiernos estatal y municipales garanticen a toda persona periodista la libertad de recibir y difundir información de interés público.
También establece como obligaciones de las autoridades estatales garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y quienes se dedican a la actividad periodística cuando se encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de esa actividad.
También se busca que las personas periodistas no sean requeridas por las autoridades judiciales o administrativas para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos; que no sean sujetas a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico y que se establezca la cláusula de conciencia a los periodistas que les permita solicitar la rescisión o terminación de la relación profesional que las une con la empresa editora de un medio de comunicación.
Propone además, la creación de una Fiscalía especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos e incluir en el Código Penal del Estado de México un tipo específico que sancione los delitos cometidos contra la libertad de expresión y el derecho a la información. La iniciativa fue remitida para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y al Comité de Comunicación Social.