El Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos registró, de 2000 al 20 de diciembre de 2018, un total de 141 homicidios de periodistas, de los cuales 15 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10.6 por ciento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su informe de actividades de 338 cuartillas, apuntó que los seis estados con mayor incidencia de homicidios de periodistas son Veracruz con 22, Tamaulipas con 16, Guerrero con 16, Oaxaca con 15, Chihuahua con 14 y Sinaloa con siete.
En el caso de personas defensoras se ha registrado un total de 40 homicidios en el periodo comprendido entre 2006 y el 20 de diciembre de 2018, de los cuales 15 corresponden a mujeres, lo que equivale a 37.5 por ciento.
Los cinco estados con mayor número de homicidios de personas defensoras son Chihuahua con 14, Guerrero y Oaxaca con seis cada entidad, y Sinaloa y Veracruz con dos respectivamente.
De 2014 a la fecha ha detectado un aumento en la frecuencia y gravedad de las agresiones contra esos dos grupos en situación de riesgo. “El contexto descrito implica una situación estructural de violencia que se agudiza y subsiste debido a la impunidad y autocensura”, subrayó.
Alertó que la mayoría de las entidades federativas no cuentan con agencias especializadas para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas defensoras.
También se evidencia que los órganos de procuración de justicia no consideran ni evalúan el nivel de riesgo relacionado con esa labor, y mucho menos el contexto asociado.
La CNDH subrayó su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad para evitar homicidios y agresiones que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo, así como del derecho a defender.
Así exigió a la autoridad asumir su obligación y poner fin a todo tipo de agresiones, desde las amenazas hasta el homicidio. Las agresiones a personas defensoras y periodistas se han producido en contextos de especial o extrema vulnerabilidad.
“Numerosos casos han ocurrido en zonas con fuerte presencia de cárteles del narcotráfico y de otras formas de crimen organizado, en las que las víctimas realizaban un periodismo de denuncia o periodismo crítico, así como actividades de defensa en temas relacionados con corrupción e inseguridad, entre otros”.