A la fecha suman tres mil 317 las demandas de amparo interpuestas por 14 mil 737 quejosos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de acuerdo con un corte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De ese total, 430 fueron promovidas por jueces, 573 por magistrados, cuatro mil 172 por secretarios, 934 por actuarios, cuatro mil 578 por oficiales y mil 812 por externos.
Las demandas de externos provienen de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Procuraduría General de la República (PGR), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Asimismo, del Instituto Nacional Electoral (INE), del Sistema de Administración Tributaria (SAT), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
También del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Además, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN; y los sindicatos Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otros.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es el tope que tiene como salario el presidente de la República.