Personal de la Alcaldía Álvaro Obregón realizó un operativo de verificación en el establecimiento para revisar las condiciones bajo las cuales desarrollaba sus actividades.
Durante la inspección, las autoridades de la demarcación consultaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar si el inmueble estaba reconocido oficialmente como una representación consular de Nicaragua.
De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía, la dependencia federal confirmó que el domicilio no cuenta con registro como sede consular, por lo que se procedió a suspender sus actividades como parte del procedimiento administrativo correspondiente.
La autoridad local no precisó en la información difundida cuánto tiempo llevaba funcionando el inmueble, qué servicios ofrecía, quiénes eran sus responsables ni si alguna persona realizó trámites o entregó documentos o dinero en el lugar.
Tampoco se informó, hasta el momento, de personas detenidas o de la apertura de alguna investigación penal relacionada con las actividades desarrolladas en el domicilio.
Por ello, la actuación anunciada corresponde, de acuerdo con la información disponible, a una suspensión administrativa de actividades y no implica por sí misma que se haya acreditado la comisión de un delito.
Alcaldía, área jurídica e INVEA participaron en operativo
La intervención se realizó de manera conjunta entre la Dirección de Verificaciones de la Alcaldía Álvaro Obregón, la Dirección Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA).
Las autoridades señalaron que el objetivo fue verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y brindar certeza a la población sobre las actividades desarrolladas en el inmueble.
El caso adquiere relevancia debido a que las representaciones diplomáticas y consulares requieren reconocimiento oficial y mantienen una naturaleza jurídica distinta a la de un establecimiento convencional.
La Alcaldía Álvaro Obregón señaló que mantendrá la coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento al procedimiento y garantizar el cumplimiento de la legislación.
Queda pendiente conocer qué actividades se realizaban concretamente en el lugar y bajo qué identidad se presentaba ante los usuarios, así como las determinaciones que adopten las autoridades después de la suspensión.