La suspensión de las verificaciones vehiculares en la Ciudad de México durante el primer semestre de este año, podría causar la elevación de los niveles de contaminación ambiental en toda la megalópolis y con ello serias afectaciones a la salud de millones de ciudadanos. Además es una decisión que el Gobierno capitalino tomó a espaldas de la sociedad y sin tomar en cuenta a académicos, expertos y científicos.
Así lo manifestó el diputado Virgilio Caballero Pedraza, quien aseveró que dicha medida pone a la capital del país y a la megalópolis a un paso de retomar el deshonroso primer lugar en los índices de contaminación atmosférica. Y por si fuera poco, añadió, el gobierno de Miguel Ángel Mancera manda a la calle a dos mil 500 familias que dependen de los actuales centros de verificación.
“Estamos ante el umbral de una epidemia de enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía o el cáncer de pulmón, con el agravante de que los efectos más graves se producirán en las personas que ya están enfermas y en grupos vulnerables como niños, ancianos y familias de pocos ingresos, que tienen acceso limitado a la atención médica”, puntualizó.
Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 4 de enero, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena presentó un Punto de Acuerdo al respecto, que también signaron sus compañeros de bancada María Chávez García y Juan Romero Tenorio.
En tribuna, afirmó que sin duda se volverá a los niveles de la década de los ochenta, cuando la Ciudad de México todos los días registraba contingencia ambiental, lo cual es totalmente inaceptable.
Caballero Pedraza recordó que el pasado 18 de diciembre se publicó el “Aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2018” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Explicó que el Gobierno capitalino tomó una mala decisión al suspender las verificaciones vehiculares, bajo el supuesto argumento de que los 55 nuevos verificentros aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente local todavía no terminan el proceso de instalación para operar, cuando la fecha oficial era el 31 de diciembre d 2017.
“Nada se dice sobre los daños a la población por la mala calidad del aire, los parámetros para medir e informar sobre el tema, ni sobre las acciones adoptadas para enfrentarla. No se trata de un asunto administrativo, se trata de los derechos humanos fundamentales”, recalcó.
Señaló que el Ejecutivo local utiliza el poder público para impedir a los actuales verificentros que presten el servicio mediante una prórroga de actividades, pues su único propósito es beneficiar de manera artificial e ilegal a los 55 nuevos centros, anteponiendo intereses personales y de grupo.
“Esto no es una medida administrativa, es un acto de corrupción con el agravante de la afectación para millones de ciudadanos”, subrayó el legislador federal capitalino.
Asimismo, reclamó que las autoridades capitalinas actúan a espaldas de la población y en contra de la democracia, a pesar de las reiteradas demandas ciudadanas de acabar con la corrupción en la administración pública local.