“La investigación demuestra que la industria tabacalera intenta utilizar el poder diplomático de la Unión Europea para desafiar el derecho soberano de países como México a definir políticas de salud pública, especialmente para proteger a jóvenes”, afirmó Jorge Alday, al presentar los hallazgos de un estudio internacional elaborado por la ONG francesa Contre-Feu y STOP.
El informe, titulado “A puerta cerrada: Cómo influye la presión de la industria tabacalera en la Unión Europea y fuera de ella”, documenta cómo tabacaleras han empleado argumentos comerciales falaces, millones de euros y presiones diplomáticas para debilitar políticas sanitarias destinadas a proteger a la población de los daños del tabaco. El estudio identifica que las organizaciones de presión más influyentes, particularmente Philip Morris International, se concentran en regiones con fuertes vínculos económicos derivados de sedes corporativas, cultivo o manufactura de tabaco.
En el caso de México, el documento señala que la industria intentó impugnar la prohibición de productos de tabaco calentado, calificándola como una “barrera comercial”, mientras que en la Unión Europea habría infiltrado procesos de decisión para socavar disposiciones sanitarias.
Por su parte, Martin Drago advirtió que la Comisión Europea ha incumplido o aplicado de manera insuficiente el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, lo que no solo debilita la protección en Europa, sino que no resguarda a países no europeos de la influencia indebida de la industria.
La responsable de incidencia política europea de Contre-Feu, Cassandre Bigaignon, subrayó que organizaciones civiles y el Defensor del Pueblo Europeo han expresado preocupación por la falta de transparencia, y llamó a la UE a dejar de colaborar “a puerta cerrada” con tabacaleras para restablecer la confianza y cumplir compromisos internacionales.
La investigación documentó 49 organizaciones de presión, 14 millones de euros en gastos anuales y 257 reuniones con responsables de políticas de la UE para influir en decisiones de salud pública. A nivel global, la industria tabacalera es responsable de 7 millones de muertes al año. Según el informe de la OMS de octubre de 2025, la UE registra alrededor de 700 mil muertes prematuras anuales por tabaquismo, además de un impacto económico estimado en €544 mil millones (4.6% del PIB combinado).
El estudio añade que los daños trascienden la salud: el cultivo y los residuos del tabaco provocan deforestación y contaminación, y la cadena de suministro está vinculada a abusos de derechos humanos, incluido trabajo infantil, con un estimado de 1.3 millones de niñas y niños explotados en campos de tabaco.
