Durante el foro “Parlamento abierto para la discusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Política social”, el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, señaló: el PND busca terminar con la enseñanza de memoria, que los alumnos adquieran nuevas capacidades en cuanto a responsabilidad social y hacerlos partícipes de su comunidad.
Se manifestó por una revisión a fondo, “es una barbaridad seguir enseñando de memoria; se quiere revisar la actividad en el aula, y para eso se desarrolla un equipo de trabajo con especialistas y profesionales para redimir las actividades en los salones de clases; queremos que la escuela no se cierre, sino sea abierta y el niño pueda estar en ella, haciendo tarea, desarrollando actividad física, siendo parte de un equipo, y que en este currículo de nueva escuela, acuda a la responsabilidad social y hacerlos partícipes de la comunidad y aporten algo a la sociedad”.
En la segunda mesa de análisis “Educación, salud, seguridad social y trabajo y previsión social”, el funcionario dijo que las anteriores reformas en materia de aprendizaje, únicamente se ocuparon de aspectos formales, y si bien, se aseguró la obligatoriedad de la enseñanza media superior y se ampliaron los tres años de la prescolar, “nunca se definieron los elementos precisos del contenido”.
En la educación media superior, se sigue enseñando lo mismo que hace 70 años, y “eso es uno de los elementos que buscamos, el cambio radical para elevar la calidad. Hoy los niños que estamos educando dentro de diez años van a encontrar otro mundo, y nosotros seguimos insistiendo en el profesor enciclopedia; queremos llegar a que el propio ser formado tenga capacidad de acceder al conocimiento y dejar el método de aprender para aprender”.
El funcionario expuso que se trabaja en un proyecto piloto para formar diez mil profesores en la enseñanza de las ciencias con el Centro Mario Molina para que se priorice el tema de medio ambiente y cambio climático. Urgió a profesionalizar a los profesores ante esta nueva tarea de la educación. “Esa es la gran proeza que se puede lograr; que los profesores hagan la reforma educativa en sus salones de clase”.
Se plantea impulsar opciones de prepa y universidad en línea para alcanzar un mayor número de jóvenes. Se necesita infraestructura, dado que es el gran problema, ya que todos los planteles están en deterioro. Se requiere la participación colegiada de autoridades, maestros y padres de familias. Además, que los recursos son insuficientes, por lo que está en proceso un estudio del impacto presupuestal del Acuerdo Nacional Educativo.
Se propone hacer un estudio general y buscar que la sociedad tenga formas de hacer aportaciones. “Hoy todas las escuelas tienen cuotas de padres de familia voluntarias, pero esto hay que regularizarlo; hay que darle un espacio suficiente para que aquel que no tenga, no dé y no pueda limitarse la educación porque es gratuita, pero aquel que quiera dar lo pueda hacer, con una estructura paralela filantrópica, siempre y cuando el director tenga un plan de inversión y no fiscalizado por la Federación, sino por las sociedades de padres”.
La legisladora Leticia Díaz Aguilar (Morena) comentó que se debe reconocer dentro del plan, a jóvenes que estudiaron en escuelas técnicas; muchas veces son juzgados por la sociedad por haber asistido a esas escuelas.
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expresó que, de acuerdo con el Inegi, hay 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar que habitan en México, y el tema es relevante porque es casi el 50 por ciento de la población de naciones que son referente en este tema, como Uruguay. Además, el 95 por ciento son mujeres.
Explicó que el Programa Piloto de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, tiene la finalidad de otorgar no sólo acceso a la salud sino a todas las prestaciones asociadas, como incapacidades, pensiones, ahorro para el retiro, guarderías y demás. Se buscó la misma base de cotización y pago de cuotas al establecido para los demás empleados, aunque es un sector contratado por diferentes empleadores y con distintas jornadas.
López Castañeda argumentó que los datos de este plan revelan que ya se tienen seis mil 66 solicitudes de personas trabajadoras del hogar, 85 por ciento mujeres y 15 por ciento hombres. “Esto es un logró, porque en 22 años en el esquema voluntario sólo se tenían a tres mil 700 personas con este beneficio y de manera limitada, pero hoy ya hay prácticamente el doble”.
Este proyecto piloto busca hacer un IMSS más incluyente, que integre sectores vulnerables y redistribuya de manera significativa el ingreso y cambie la vida de las familias. “La seguridad social es uno de los mecanismos para nivelar las condiciones de vida de los ciudadanos”.
La secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputada María Rosete (PES), expresó que en la política social se presentan los mayores problemas y desafíos por la deficiencia o el fracaso de las acciones públicas implantadas en los últimos 35 años, han quedado mucho a deber, siendo uno de los temas más sensibles, el del trabajo.
“Queremos enriquecer el PND y, por ello, pugnamos por elaborar un marco legal que cree las condiciones necesarias para la construcción de un circulo virtuoso entre todos los sectores del comercio; transitar hacia la inclusión de los empleados informales a procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país; el comercio en el espacio público genera empleos”, añadió.
El legislador Emmanuel Reyes Carmona (sin partido) dijo que sí se habla de la inclusión dentro del PND; sin embargo, valdría la pena que en este tema se fuera muy específico debido a que la discapacidad siempre ha sido una lucha histórica y hoy se calcula que son cerca de 8 millones de personas. “Sí hay una preocupación, del trabajo que está realizando el presidente y algunas dependencias; pero parece que el dinero es insuficiente para el sector salud”.
Jesús Lozano Ruiz, psicólogo de la UNAM y promotor de escuelas populares en el estado de México, apuntó que en el PND no hay una política integral sobre educación incluyente que contemple la atención a personas con discapacidad, niños de la calle, talento y mujeres.
El plan sólo contempla una beca mensual para discapacitados, pero no basta con eso. Se requiere otro enfoque además que los recursos son insignificantes para pagar transporte, terapias y medicamentos.
Propuso crear un instituto de seguimiento y coordinación para esta población, con el objetivo de detectar y evaluar sus condiciones y desarrollar planes para promover su aprendizaje y atención de acuerdo a sus condiciones. Consideró que el programa de becas es limitado y el PND carece de muchos elementos para construir un plan educativo del tamaño que se requiere.
La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), manifestó que el problema de la obesidad y sobrepeso que se tiene en el país es integral y tiene que ver con educación y cultura. Además, la regulación de la publicidad que incumplen las empresas.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) señaló que la obesidad y el sobrepeso son como una epidemia nacional que requiere acciones contundentes. En el PND vienen expresadas las líneas estratégicas para este combate; pero no es claro ni específico sobre la importancia de acabar con índices de desempeño que podamos saber si podremos tener o no resultados sobre el tema.
Su compañero de partido, diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, indicó que es importante entender que la atención de esta epidemia de la obesidad y el sobrepeso no sólo se trata con medicamentos o con más recursos, sino es un problema de educación. “Muchos productos son nocivos para la salud y así deben de etiquetarse”.
El diputado Manuel Huerta Martínez (Morena) manifestó que la salud es un fenómeno más social que biológico. “La cuarta transformación no es salutogénico porque estamos promoviendo el mercantilismo y consumismo neoliberal, hay mucha corrupción en el sistema de salud”.
En el resto de las ponencias, Alejandro Calvillo Unna, fundador y director general de El Poder del Consumidor AC destacó que el objetivo en materia de obesidad en el PND es reducir este padecimiento en el sector infantil de 33.2 por ciento al 25.2 en seis años, gran reto, pues el país encabeza a nivel mundial la incidencia de sobrepeso en la niñez.
Para lograr esta meta impuesta por el Ejecutivo es necesario regular las normas de etiquetado para que realmente sean orientadoras; además, los productos altos en azúcares no se vendan en instituciones de educación básica.
Solicitó a los diputados que existan mayores impuestos y los recursos obtenidos de ellos, se manejen con transparencia y se canalicen en las comunidades más marginadas, pues ello erradicará que México sea “el paraíso de la comida chatarra”.
La atención de la obesidad y sobrepeso es fundamental, pues genera padecimientos cardiovasculares y diabetes y el 40 por ciento de defunciones en México. Se estima que uno de cada dos niños nacidos a partir del año 2010 desarrollarán diabetes a lo largo de su vida, por lo que no habrá sistema de salud pública que pueda lidiar con esta población, advirtió.
Patrick Devlyn Jr, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinación Empresarial, afirmó que el acceso a la salud va más allá de cualquier posición partidista. Llamó a no aprobar el PND si no se fortalece el sistema de salud, el cual está peor que la educación.
Pidió a la Cámara de Diputados corrijan las omisiones y se incluyan tres indicadores de desempeño: uno, el de gasto público respecto del PIB, que refleje un aumento del uno por ciento, como se había planteado, con incrementos anuales hasta el 2024.
Dos, aumentar la meta de acceso a salud y medicamentos a toda la población, privilegiando a los más necesitados, de acuerdo con las cifras de 2016 a 2024, sólo se estima que 3.36 millones de mexicanos adicionales lo lograrán, y tres, incluir el indicador de gasto de bolsillo o nivel de inversión directa de las familias en servicios privados de salud, conocerlo permitirá identificar los retos que tiene el Estado para aumentar la atención y contribuir a mejorar el bienestar por medio de estos servicios.
Apuntó que “el PND demuestra que todo lo dicho se lo llevó el viento, incluyendo el uno por ciento adicional de recursos del PIB para el sector. México destina solo 2.9 por ciento en gasto público en salud, para alcanzar el cien por ciento de cobertura universal, como ha propuesto el Ejecutivo se requería de 5.1 por ciento más del PIB”, precisó.
Finalmente, el especialista en Seguros y Fianzas, Afore, Pensiones (IMSS, e ISSSTE), Gonzalo Romo Trejo, propuso que en el PND 2019-2024 se cree un manual único de supervisión basado en riesgos, a través de plataformas tecnológicas, por lo que se permitirá que sean auditables para inhibir el fraude por parte del personal interno de las aseguradoras públicas.
De igual manera, solicitó a los legisladores que en los litigios se incorpore la mediación judicial para lograr más saneamientos a la parte financiera de las aseguradoras, así como transversalizar el respeto a los derechos humanos entre los institutos financieros y la Consar, cumplir el procedimiento para los recursos de la designación de funcionarios fallecidos, pues en la actualidad se envían los casos a las juntas laborales y que se informe a los trabajadores que tienen una cuenta individual.
