La Cámara de Diputados analiza una iniciativa promovida por el Ejecutivo federal que plantea limitar las pensiones más altas, con el argumento de corregir desigualdades estructurales en el sistema de jubilaciones en México.
“En México persiste una brecha inaceptable entre las llamadas pensiones doradas y las pensiones de la mayoría de la población”, advirtió la diputada Haidyd Arreola López (Morena), al defender la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el sistema de pensiones y establecer límites a los montos más elevados.
La legisladora explicó que el dictamen en análisis parte de un diagnóstico técnico: el sistema actual reproduce desigualdades profundas. Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 revelan que, en promedio, las transferencias por jubilación rondan los 4 mil 600 pesos mensuales, muy por debajo de los montos que reciben ciertos exfuncionarios bajo esquemas privilegiados.
De acuerdo con el análisis de la Comisión, la iniciativa también tiene sustento constitucional. Se argumenta que el actual esquema vulnera principios establecidos en los artículos 127 y 134 de la Constitución, relacionados con la proporcionalidad del gasto público y el uso eficiente de los recursos. En ese sentido, se plantea que ninguna pensión supere el límite fijado para remuneraciones del servicio público federal.
El dictamen propone establecer un tope máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, alineado con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La medida, según Morena, no es regresiva, sino que busca garantizar equidad y evitar distorsiones en el uso del presupuesto, en un contexto donde la mayoría de los jubilados recibe ingresos limitados.
Sin embargo, la propuesta ya genera debate en el Congreso. Mientras el oficialismo la presenta como un paso hacia la justicia social, sectores de oposición advierten posibles controversias legales y cuestionan si la medida podría afectar derechos adquiridos. La discusión continuará en comisiones y, de avanzar, marcaría un cambio estructural en el sistema de pensiones en México.
