El Senado convirtió en derechos constitucionales los programas sociales a favor de sectores vulnerables, destaca Ana Lilia Rivera
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera aseveró que las reformas constitucionales que se aprobaron en este sexenio pasarán a la historia de México como la base legal para construir el segundo piso de la transformación, es decir, un México más justo, libre, democrático y con bienestar para todas y todos.
En un artículo de opinión titulado “Legislar para los más vulnerables y fortalecer nuestra democracia”, destacó que el Senado convirtió en derechos constitucionales los programas sociales a favor de sectores vulnerables.
En ese sentido, detalló que la reforma al artículo 4 constitucional estableció el derecho que tienen todas las personas mayores a partir de los 68 años, y en el caso de aquellas pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicanos a partir de los 65, a recibir una pensión no contributiva de parte del Estado.
También, puntualizó, el derecho que tienen las personas con alguna discapacidad permanente a recibir un apoyo económico, con prioridad en los menores de 18 años, a personas de los pueblos originarios y a personas en situación de pobreza.
“Durante las LXIV y LXV Legislaturas logramos algo que ningún congreso constituyente había hecho: reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación”, indicó.
Otro logro histórico de estas Legislaturas fue el decreto que reformó diversos artículos constitucionales, para que sean mujeres al menos la mitad de los nombramientos de titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, subrayó.
Ana Lilia Rivera puntualizó que la paridad de género también está presente en la integración de los organismos autónomos; en la postulación de candidaturas de los partidos a los distintos cargos de elección popular; en la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, en los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales y en la integración de los ayuntamientos municipales.