- Tras seis años de litigio, un Tribunal Colegiado confirmó las sanciones impuestas por la Profepa contra Pacific Lifestyle Properties. La empresa deberá demoler construcciones irregulares y restaurar más de mil 466 metros cuadrados de terrenos ganados al mar en San Pancho.
Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.— La empresa Pacific Lifestyle Properties deberá demoler construcciones inmobiliarias levantadas ilegalmente en San Pancho, Nayarit, restaurar una superficie de mil 466 metros cuadrados y pagar una multa de 96 mil 220 pesos, luego de que un Tribunal Colegiado confirmó las sanciones impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La resolución fue aprobada por unanimidad este miércoles 7 de octubre por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que negó el amparo solicitado por la compañía y respaldó las medidas de restauración ambiental ordenadas por la autoridad federal.
El fallo pone fin a esta etapa de una controversia judicial que se prolongó durante seis años y confirma la obligación de recuperar una superficie de terrenos ganados al mar ocupada mediante obras que incumplieron las condiciones de una concesión federal.
Demolerán dos edificios construidos irregularmente
De acuerdo con la Profepa, la empresa Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V. ocupó de manera ilegal una superficie de 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, donde construyó edificaciones sin ajustarse a los usos autorizados.
La resolución administrativa contempla tres medidas principales:
- Demoler las obras construidas irregularmente y restituir el terreno a su estado base.
- Pagar una multa de 96 mil 220 pesos.
- Aplicar la pérdida de bienes en beneficio de la Nación respecto de las construcciones identificadas como Edificio A, denominado Torre 1, y Edificio B, denominado Torre 2.
Estas disposiciones fueron confirmadas tras la negativa del amparo promovido por la empresa.
La resolución no significa que las construcciones ya hayan sido demolidas, sino que las medidas impuestas por la Profepa mantienen su validez y deberán cumplirse.
Concesión permitía conservar y embellecer el terreno, no construir edificios
El conflicto tiene su origen en una concesión otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 13 de agosto de 2009, para una superficie de 1,469.92 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.
La autorización original establecía que el área debía mantenerse en su estado natural.
Posteriormente, el 26 de marzo de 2014, la concesión fue modificada para ampliar la superficie a 2,534.003 metros cuadrados y permitir actividades de esparcimiento y ornato.
Sin embargo, estas modificaciones no autorizaban cambiar el uso del terreno para otros aprovechamientos.
Pese a esa restricción, la empresa construyó las edificaciones que dieron origen al procedimiento administrativo por incumplimiento de las condiciones de la concesión y de la normativa ambiental.
Inspección de Profepa inició en 2021
La autoridad ambiental documentó las irregularidades durante una inspección iniciada el 1 de diciembre de 2021.
Como resultado, el 15 de agosto de 2022 emitió una resolución administrativa que estableció sanciones económicas y ordenó reparar el daño mediante la restitución de la superficie afectada.
La compañía impugnó esa determinación mediante un juicio de nulidad presentado el 28 de septiembre de 2022.
No obstante, el 6 de mayo de 2025, la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció la validez de la resolución de la Profepa.
Ante ese resultado, Pacific Lifestyle Properties promovió un juicio de amparo, que finalmente fue rechazado por el Tribunal Colegiado el 7 de octubre de 2026.
Profepa destaca recuperación de terrenos federales
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, consideró que la resolución representa un avance en la defensa de los ecosistemas costeros y del patrimonio nacional.
“Este fallo es una importante victoria para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental”, afirmó.
La funcionaria destacó que la determinación judicial permite mantener las medidas dirigidas a recuperar la superficie afectada y proteger los bienes nacionales.
La Profepa señaló que continuará con las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental en obras y actividades desarrolladas dentro de la zona federal marítimo terrestre.
Pendiente, el cumplimiento de la demolición
Aunque las sanciones fueron confirmadas judicialmente, la Profepa no informó una fecha para ejecutar la demolición ni un calendario para restaurar el terreno.
Tampoco precisó si la empresa cumplirá voluntariamente las medidas o si será necesario recurrir a procedimientos adicionales para hacerlas efectivas.
El siguiente paso será verificar que las construcciones irregulares sean retiradas y que los terrenos ganados al mar recuperen las condiciones exigidas por la autoridad ambiental.
La resolución constituye un antecedente relevante para la vigilancia de desarrollos inmobiliarios en zonas costeras sujetas a concesiones federales.