• En la Permanente se informó de la recepción del documento
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar los cambios de horario estacionales en el territorio nacional, con excepción de los municipios ubicados en la frontera norte.
En la sesión se notificó que se recibió de la Secretaría de Gobernación la comunicación con la que remite el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Además, se acompaña de una comunicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se emite el dictamen de impacto presupuestario.
El documento precisa que la adopción del llamado horario de verano fue justificada básicamente por consideraciones económicas relacionadas con el ahorro de energía, y así lo argumentaba el decreto presidencial de 1996.
Menciona que desde ese año el horario de verano ha contribuido al ahorro de energía de forma constante, aunque siempre por debajo del 1 por ciento de la energía consumida anualmente. Es decir, efectivamente, se ha ahorrado energía, pero no es significativo respecto del total de consumo anual.
De acuerdo con fuentes científicas citadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la implementación periódica de horarios estacionales afecta a la salud pública a corto, mediano y largo plazos.
La iniciativa propone abrogar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 29 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación y el Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de marzo de 2002 en el DOF, y sus subsecuentes reformas, para sustituirla por una nueva que reconoce los husos horarios conforme al meridiano de Greenwich, pactado internacionalmente en 1884.
No obstante, se plantea mantener un horario estacional de excepción para los municipios de la frontera norte, dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante de Estados Unidos.
Destaca el compromiso del Gobierno Federal para asegurar el bienestar de los 13.6 millones de habitantes que viven en la región fronteriza México-Estados Unidos y de los puestos de trabajo que se tienen en ambos lados de la frontera.
La ley sería de observancia obligatoria en todo el territorio nacional; sus disposiciones serían de orden público e interés general; su aplicación y vigilancia está a cargo del Ejecutivo federal.