Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2010 a 2014 se produjeron alrededor de 25 millones de abortos anuales, de los cuales 8 millones fueron practicados en condiciones de riesgo por personas sin formación que aplicaron métodos peligrosos e invasivos, dio a conocer la diputada Maricela Contreras Julián.
Pese a lo anterior, “se pretende contravenir nuestra Constitución y darle rango de derecho a la objeción de conciencia, desconociendo todo el marco conceptual de la libertad de creencia y uno de los principios fundamentales del Estado mexicano: el Estado Laico. Debe existir una permanente voluntad de no incorporar las propias convicciones o creencias en los asuntos en que los médicos deban participar en su papel de servidores públicos”, señaló.
Destacó que con 53 votos a favor, el Senado de la República aprobó el dictamen que pretende modificar la Ley General de Salud para “que médicos y enfermeras puedan negarse a participar en prácticas contrarias a su ética; no podrán recurrir a la objeción de conciencia en casos de urgencias y si se encuentra en riesgo la vida del paciente”.
“No se debe confundir la objeción de conciencia como un derecho cuando es un instrumento para ejercer las libertades enmarcadas en el Artículo 24. Existe un riesgo para que la objeción sea una excusa para negarse a reconocer derechos de otras personas cuando acuden a un servicio público”, indicó la diputada federal capitalina.
Tan sólo en la Ciudad de México, de 2007 a 2017 se atendieron a 171 mil 333 casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). De éstos, 128 mil 732 fue por procedimiento médico, 39 mil 564 por aspiración y 3 mil 37 por legrado uterino instrumentado.
La capital del país atendió mujeres de procedencia de 16 entidades del país, destacando en los cuatro primeros lugares la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Jalisco. Además, este procedimiento se realiza principalmente a mujeres jóvenes de 18 a 24 años, sector que representó el 47.1 por ciento de la población atendida.
“Es lamentable que el Senado avale la objeción de conciencia. Ninguna creencia religiosa puede estar por encima en la prestación de servicios públicos de salud ni atentar contra los derechos humanos. El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar el acceso a la salud con independencia de cualquier convicción ética o religiosa. Es un retroceso, principalmente, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres, puntualizó la también Presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género.