La Comisión Especial de Participación Ciudadana, que preside el diputado Tristán Manuel Canales Najjar (PRI), impulsa diversas reformas sobre transparencia y acceso a la información; deporte y prevención de enfermedades, adicciones y el delito, y para la formación y certificación de intérpretes de la lengua de señas mexicana.
La primera, busca establecer los requisitos que deberán contar los titulares de las Unidades de Transparencia, toda vez que en los últimos años este tema se ha vuelto fundamental para los servidores públicos y los ciudadanos, quienes exigen mayor acceso a la información pública.
Con la adición del artículo 45 bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se plantea que quienes desempeñen este cargo deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, con pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal por más de un año de prisión.
Además, tener 25 años cumplidos el día de la designación y contar con experiencia de 3 años en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personas; con nivel de licenciatura como mínimo así como título profesional relacionado con las actividades y no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
En el documento, los integrantes de la Comisión Especial resaltan que México atraviesa un momento económico, político y social de total incertidumbre, con diversos matices y tipos de crisis, pero sobre todo con un alto nivel de corrupción y desconfianza en los gobernantes e instituciones. En 2016, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, vía trasparencia internacional, México cae 28 posiciones.
Argumentan que en el país, la evaluación de la ciudadanía hacia los funcionarios que integran las instituciones “es que existe carencia de honestidad, obteniendo una opinión negativa respecto de los funcionarios públicos”.
Por ello, considera indispensable mejorarla a través de la preparación y capacitación necesarias para el pleno desarrollo de las funciones como servidores públicos.
Mencionan que si bien se han tenido grandes avances en la materia, se debe exigir que quienes son los encargados directos y enlaces entre las instituciones y sociedad, cuenten con todos los requisitos indispensables para lograr que este derecho humano se cumpla en su totalidad y se respete el principio de máxima publicidad.
El beneficio que se obtendrá será el determinar el perfil adecuado, con el que deberán contar quienes ejerzan la labor de titulares de las Unidades de Trasparencia de los sujetos obligados del país, para poder ejercer sus funciones, toda vez que actualmente no existe legislación al respecto.