En México, uno de cada cinco niños ha sido víctima de violencia sexual durante la primera etapa de su vida, indicó el presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputado Jesús Valencia Guzmán (PRD).
Durante la presentación de la iniciativa de ley contra todo tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, impulsada por el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), agregó que diariamente hay más casos de abuso en escuelas, iglesias, familia y la comunidad, por lo que esta propuesta debe contribuir a disminuir de manera importante el número de estos delitos.
Las cifras son de las procuradurías y corresponden a denuncias por abuso sexual en todas sus vertientes, no necesariamente por violación. “Eso, según lo medible, porque lamentablemente hay muchas situaciones cuya información no está a disposición real”.
Valencia Guzmán señaló que cada día hay más casos de este tipo en perjuicio de los menores, por lo que esta iniciativa debe contribuir a disminuir de manera importante estos delitos.
Expresó que hay un compromiso de los legisladores con los temas de violencia contra este sector, para trabajarlos sin tintes políticos; “va más allá de eso”.
“En la Comisión trabajamos todos juntos las iniciativas que estamos dictaminando que tienen que ver con violencia, y se aprueban por unanimidad tanto en la comisión como en el Pleno”.
Consideró que la propuesta podría llevar a una discusión en la Comisión, e incluso en el Pleno, “pero llegará a buen puerto, porque está pensada en la protección de las niñas, niños y adolescentes”, abundó.
Hernández Soriano precisó que la de hoy es una fecha simbólica porque se cumplen 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.
La iniciativa plantea modificar el Código Penal Federal para equiparar el delito de encubrimiento por parte de superiores jerárquicos, al de pederastia; tipificar el encubrimiento o complicidad de padres o tutores y aumentar de 15 a 30 años de cárcel, y de dos mil a 60 mil días multa, las penas para el delito de pornografía, y prisión hasta por 10 años y 20 mil días multa a quien almacene ese material.
Se propone modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para definir medidas cautelares para las víctimas y sus familias, así como la imposibilidad de llevar a cabo acuerdos de reparación entre los menores víctimas y los responsables del delito.
De modificarse a la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, se estipularía un procedimiento de reparación específica para las niñas, niños y adolescentes.
Solicita que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se tipifiquen los delitos de naturaleza sexual contra los menores.
También, que se establezcan en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sanciones administrativas a las que incurran en conductas contra los derechos humanos, especialmente contra menores de edad, y definir como elementos para las sanciones, el encubrimiento, el daño ocasionado y la reincidencia.
Además, normar en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las circunstancias especiales de atención, en caso de haber sido víctimas de violencia y sus responsables.
En la Ley de Asistencia Social propone incluir a las víctimas de violencia como objeto de asistencia social, considerando sus características específicas; incorporar acciones de prevención para evitar que se cometan esos abusos en dichas instituciones y sancionar a las instituciones de asistencia pública o privadas que incurran en violación de los derechos de las niñas, niños o adolescentes.
Pide incorporar en la Ley General para la Prevención Social de Violencia y la Delincuencia, el principio del interés superior de la infancia en materia de prevención y atención de la violencia contra los menores.
También plantea que en la Ley General de Víctimas se revisen las medidas especiales de atención cuando se trate de menores de edad, y en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, establecer la obligación de las autoridades consulares de brindar protección inmediata a toda niña, niño o adolescente mexicano que sea objeto de violaciones a sus derechos humanos.
A la presentación del documento asistieron Mireya Barbosa Betancourt, de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, de la Comisión Nacional de Seguridad, y Alberto González Harari, de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF.
Además, los activistas sociales Cristina Sada Salinas, Alberto Athié, Joaquín Aguilar Méndez, director de SNAP México, y José Barba Martín, todos contra la pederastia y abusos sexuales cometidos por eclesiásticos.