El 33.7% de las empresas que operan en México fueron víctimas de algún delito durante 2017, tasa ligeramente inferior a 35.5% reportado en 2015, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi.
Las 12 entidades con las mayores tasas de empresas afectadas por lo menos por un delito fueron Campeche, con 46.1%; Aguascalientes, 44.2%; Sonora, 43.2%; Michoacán, 41.5%; Baja California, 41%; Ciudad de México, 40%; Quintana Roo, 38.9%; Puebla, 38.1%; San Luis Potosí, 37.2%; Baja California Sur, 36.7%; Estado de México, 36.2%, y Guerrero, 35.4%.
Por tamaño de las unidades, 59.3% de las empresas grandes fue víctima de algún delito; 61.5% de las medianas; 51.4% de las pequeñas, y 32.9% de las micro. Por sectores, se calcula que 38.4% de las empresas del rubro comercio fue víctima; 30.6% del sector industrial y 29.3% de servicios.
El año pasado, el delito con mayor incidencia siguió siendo el robo o asalto de mercancía, mientras que el robo hormiga ha superado a la extorsión como segundo ilícito.
El costo promedio del delito por unidad económica en 2017 fue de 66 mil 31 pesos, mientras que en 2015 fue de 57 mil 779 pesos.
En las unidades económicas grandes el costo promedio pasó de 1.4 a 1.9 millones de pesos entre 2015 y 2017; en las medianas pasó de 510 mil a 725 mil pesos.
A partir de la encuesta se estima que en 2017 se generaron 3.8 millones de delitos asociados a 1.5 millones de unidades económicas víctima.
La tasa de concentración fue de 2.5 delitos por empresa; así como una tasa de prevalencia delictiva de 3 mil 273 víctimas por cada 10 mil unidades económicas, dato 4.9% inferior al registrado en 2015.
La cifra negra de los delitos perpetrados en 2017 contra el sector privado asciende a 86.6%. En estos casos no hubo denuncia o carpeta de investigación. Esta cifra es inferior a 90.3% estimado para 2015.
A escala nacional, 63% de las unidades económicas considera a la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que les afecta, seguido del bajo poder adquisitivo de la población, con 35.4%.
El 78.9% refiere que la entidad en la que operan es insegura.