En México, la determinación de los salarios mínimos no ha tenido fundamentos legales ni técnicos; ha sido una política “discrecional, vertical y autoritaria”. La labor en estos momentos es detener su caída y estancamiento, iniciándose su recuperación de forma gradual pero sostenida, señaló el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD).
Propuso una iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política, para crear el Instituto Nacional de los Salarios Mínimos como un organismo dedicado a analizar los factores que intervienen en la determinación de este indicador, y desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Destacó que urge una estrategia inmediata de recuperación salarial, como objetivo de la política económica y no como resultado indirecto y postergado.
Santana Alfaro, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, expuso que el Congreso debe generar condiciones para constituir un gran acuerdo nacional político, económico y social, con empresarios y trabajadores para propiciar condiciones que lleven a la recuperación salarial.
Ésta, apuntó, es la base del bienestar social; “de otra forma, ninguna política social será suficiente para saldar los rezagos que enfrentamos. No tiene sentido hacer consultas ante lo obvio: es momento de buscar acuerdos. Su urgencia es evidente”.
Precisó que el instituto propuesto tendría autonomía técnica y analizaría los factores que intervienen en la determinación de un salario constitucional, como inflación, precio de la canasta básica, líneas de pobreza establecidas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, productividad, crecimiento económico, generación del empleo y cualquier otro que incida en el costo de la vida.
La labor del nuevo organismo sería considerar elementos técnicos y objetivos para el cálculo del salario, sin esperar su fijación anual por parte del Ejecutivo, a través de un decreto como ocurre hasta ahora.
El diputado del PRD argumenta en su iniciativa que la Conasami no tiene razón de existir; la función de definir los salarios mínimos está delegada al Consejo de Representantes que “es dirigido por el presidente de la Comisión, nombrado por el Presidente de la República”.
Se requiere revisar las instituciones que definen el salario, ya que actualmente se fija por una comisión que “ha operado en contra del trabajador; no tiene razón de ser, es un elefante blanco que consume recursos y no hace aportaciones reales para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, al no fundamentar los aumentos”.
Conforme al documento también suscrito por diversos diputados del PRD, los salarios mínimos se establecerán en forma anual y podrán revisarse e incrementarse en cualquier momento en el curso de su vigencia con fundamentada justificación y de conformidad con la ley, a propuesta del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos.
El instituto estaría integrado por un presidente y cuatro consejeros, ciudadanos de reconocido prestigio en el sector académico y profesional, con experiencia mínima de diez años en materia laboral y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de elección popular.
Serían nombrados por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios; dicho nombramiento podrá ser impugnado por única vez por el Presidente de la República y, si no lo hiciere, el cargo sería ocupado por la persona nombrada por la Cámara de Diputados.
El presidente y los consejeros del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos desempeñarían su encargo por un periodo de siete años en forma escalonada y podrían ser reelectos por una sola vez y sólo removidos de sus funciones en los términos del título cuarto constitucional.
