La diputada federal, Mirna I. Saldívar Paz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, exhortó a las secretarías de Seguridad Pública federal y estatales para que garanticen el respeto de los derechos humanos de la población recluida en los distintos Sistemas Penitenciarios de México.
En entrevista, la legisladora aliancista dio a conocer que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 se registraron mil 538 incidentes en los reclusorios, de los cuales mil 250 sucedieron en penales estatales y 288 en federales, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 (DNSP), realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Saldívar Paz, expuso que hacinamiento, tortura, maltrato y deficiencia en la atención médica, principalmente hacia personas con discapacidad, mujeres e indígenas, son prácticas constantes que viven los más 247 mil reclusos, según la propia CNDH.
Por ello, dijo que es necesario disminuir los tratos inhumanos y violentos que viven los reos y que trabajar en un rediseño del funcionamiento de las cárceles permitirá hacer frente a las diversas violaciones en materia de derechos humanos que enfrentan los reclusos.
La también integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, enlistó los actos violentos ocurridos en los distintos Centros de Reinserción Social (CERESOS) del país, entre los que destacan 979 actos que van desde lesiones, homicidios, suicidios y hasta motines.
La diputada turquesa informó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aplicada a más de 58 mil internos, el 19.1 por ciento de los presos aseguró sentirse inseguro en su celda, 31.9 se siente amenazado en la cárcel y 33.2 por ciento ha sido víctima de robo, lesiones y extorsión.
Del total de los encuestados, el 94.2 por ciento reconoció que no denuncia los agravios ocurridos, 31.4 no lo hace por temor a represalias, 26.6 piensa que la situación que vive forma parte de una práctica común en las cárceles y 20.2 por ciento considera que sería inútil quejarse, manifestó.
Por lo que consideró urgente atender esta situación y redoblar los esfuerzos realizados para que se respeten los derechos humanos, integridad y vida de la población penitenciaria. “Cada una de las autoridades, desde sus distintos ámbitos y atribuciones, puede abonar al mejoramiento de la calidad de vida de los reclusos”, expresó la legisladora neoleonesa.
