El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), vicepresidente de la Comisión Permanente, exhortó a las autoridades del gobierno federal y de Chiapas a impulsar acciones que permitan resolver el conflicto territorial entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.
En un comunicado, indicó que este conflicto propició el desplazamiento de más de cinco mil personas amenazadas por grupos civiles armados y la muerte de 11 de ellas.
El diputado perredista también pidió que se investigue y castigue a los responsables materiales e intelectuales del hostigamiento a los pobladores de San Pablo Chalchihuitán y de quienes propiciaron el reciente desplazamiento de sus comunidades.
“Que las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el gobierno estatal implementen de manera urgente medidas cautelares, a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de ambos municipios; desarmar a los grupos de civiles armados que operan en esa región y garantizar el libre tránsito y paz social”, señaló.
En octubre pasado hombres armados atacaron a los habitantes de la comunidad de Chen Mut, por la disputa de más de 360 hectáreas de tierra, que se ubican entre los municipios de Chenalhó y Chalchiuapán.
Hernández Soriano informó que, con el objeto de que se busque una pronta solución al conflicto agrario entre los bienes comunales de ambos pueblos y se restablezca la armonía, respetando los usos y costumbres de los pueblos indígenas y mediante el diálogo, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente.
Alertó sobre el riesgo que enfrentan los desplazados en su intento por volver a sus comunidades, debido a que las bandas de civiles armados que operan en esa región siguen activos e impunes, a pesar de haber incendiado viviendas, realizar bloqueos carreteros, hostigar a la población y propiciar varias muertes.
El también secretario de la Comisión de Gobernación recordó que el pasado 4 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a los tres niveles de gobierno a implementar acciones para garantizar la seguridad, salud y alimentación de los desplazados, toda vez que el mismo llamamiento hecho en noviembre pasado fue ignorado.
“El conflicto de fondo sigue sin resolverse y el motivo que desencadenó la actual crisis es la controversia por los límites agrarios provocada desde hace más de cuatro décadas, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hoy Sedatu ejecutó la resolución presidencial a favor de los bienes comunales de Chalchihuitán sin respetar las colindancias territoriales que de manera ancestral existían entre los bienes comunales de ambos poblados”, expuso.
El diputado perredista sostuvo que el gobierno federal y el de Chiapas han forzado una solución a través de la simple y llana aplicación de la justicia agraria por vía jurisdiccional, dejando de lado factores culturales, sociales y políticos que son también fundamentales para una solución de fondo.
Insistió en que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno impulsen acciones que, en primera instancia, garanticen las vidas de los desplazados y promuevan una solución definitiva atendiendo aspectos culturales de la región.