Necesario elaborar una iniciativa para frenar actos en los que funcionarios como jueces, abogados, entre otros que utilizan la ley para beneficio personal y despojan a propietarios de inmuebles.
Claro ejemplo de estos daños a la sociedad es el caso de Elvira García Escobar, de 55 años, quien fue víctima de un fraudulento juicio ejecutivo mercantil en el Juzgado Primero Mercantil de Ecatepec, por la exigencia de un supuesto adeudo millonario de un préstamo que nunca pidió y un pagaré con firma falsa.
Así lo demandó el legislador local, pues consideró este hecho como un abuso contra la médico de profesión, víctima de los grupos que actúan en redes de contrabandistas en contubernio con ministerios públicos y jueces para hacerse de propiedades de manera irregular.
El morenista demandó la intervención del titular del Poder Judicial para revisar el proceso y la actuación de los servidores públicos, para que se garantice la justicia a la mujer víctima de un juicio fraudulento que la llevó a perder su patrimonio construido con décadas de trabajo.
Explicó que la médico de profesión se enteró de que fue víctima de fraude hasta dos años después, debido a que intentó ser fiadora para una renta cuando descubrió que su propiedad estaba en adjudicación.
La mujer, dijo que se enteró de que había firmado un pagaré por un adeudo de 2.8 millones de pesos, con intereses, ante esa situación buscó la asesoría legal para tratar de recuperar su propiedad que consta de locales comerciales en la Ciudad de México.
La mujer detalló que su inmueble fue adjudicado a Alma Katia Olguín Medina, quien supuestamente adquirió los derechos del fraudulento juicio ejecutivo mercantil de un actor inexistente denominado José Martínez García Vázquez, además de que aparentaron que compareció en el juicio para poder adjudicar legal y fraudulentamente el inmueble.
Cabe destacar que Elvira García ha buscado ayuda en el Consejo de la Judicatura Federal para que revise el proceso y actuaciones irregulares de dos jueces de distrito de Ecatepec, sin que se le apoye, al contrario, se le ha negado el amparo, y ha promovido recursos por el juicio concluido por fraudulento.
Además de iniciar una denuncia penal en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, contra el ejecutor por abuso de autoridad, pues el domicilio donde supuestamente hizo la ejecución no existe.
