Hace dos años, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño e investigar los crímenes cometidos contra el periodista Humberto Padgett. No obstante, al paso de este tiempo, el gobierno capitalino no ha sido consecuente y ha obstaculizado el acceso de justicia a las víctimas, denunció el afectado.
Por ello, llamó al gobierno de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, que sean consecuentes con la recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos “cuyos términos fueron aceptados por la misma autoridad”,
“Que sean consecuentes y cumplan”, urgió.
En agosto de 2017, el periodista fue agredido al interior del campus Ciudad Universitaria por un grupo de narcomenudistas que operan en la UNAM y a quienes Padgett estaba grabando en secreto. Al ser descubierto fue golpeado por estos sujetos, que lo retuvieron, encañonaron y amenazaron de muerte.
Luego de una serie de denuncias, detenciones y amenazas, el periodista debió recibir protección especial. Sin embargo, en torno al caso se cometieron diversas irregularidades por la filtración de datos personales, así como lícitos que dañaron el ejercicio periodístico y la libertad del derecho a la libertad de expresión.
Mediante un video compartido por Artículo 19 y presentado en el programa “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva, el colaborador de Grupo Fórmula recuerda que la recomendación 19/2019 de la CDH fue reconocida en su momento”en todos sus términos y sin excepción” por la autoridad de la Ciudad de México.
Empero, Padgett asegura que a dos años de esto, el gobierno capitalino “se mantiene en una firme oposición de ser consecuente con el reconocimiento que ya hizo de los agravios”, así como de dar acceso a las víctimas a la justicia y a la reparación del daño.
Lamentó que ya tenga cuatro años pidiendo a “una autoridad ciega, sorda y muda que sea consecuente con su discurso de protección a los periodistas y a la libertad de expresión”.
Denunció que a raíz de estos hechos, tuvo que abandonar su casa, cambiar su proyecto de vida para poder atender su situación legal, mientras que su esposa, quien es reconocida como víctima indirecta, también vio afectados sus planes de estudios por estar sujeta a amenazas del grupo criminal.
El reportero contó que fueron funcionarios de la Ciudad de México los que entregaron datos personales de él y su familia (direcciones, rutinas, sitios de trabajo).
“Yo considero que el gobierno mexicano actúa en contra mía”, abusando de sus capacidades políticas como forma de castigo al periodismo no oficialista que el realiza.
Para él, las víctimas en el país están llegando a una situación en que pareciera que ni siquiera la súplica funciona para poder llamar la atención de las autoridades que nos gobiernan.
