La Comisión de Justicia analiza exhortar a los congresos locales para que, dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco legal para fortalecer en sus legislaciones perseguir el delito de violencia familiar y hacerlo por oficio, pues en México del total de estas víctimas, 91 de cada 100 son mujeres y 9 hombres.
En un punto de acuerdo, la diputada Nohemí Alemán Hernández (PAN) expuso que 65 de cada 100 mujeres que sufren una agresión fueron objeto de violencia cuando eran niñas. Este delito constituye un fenómeno que atenta de manera indiscriminada contra la población femenina, convirtiéndose hoy en día en la principal amenaza para su integridad física y psicológica.
Además, la agresión al hombre en el hogar ha crecido y ha pasado del uno por ciento en 2000 al 21 por ciento en 2010, y los hijos también son víctimas, pero su condición física propicia que, en la mayoría de los casos, este maltrato sea desconocido por quienes deben denunciarlos.
Mencionó que los menores que padecen violencia física o sexual se convierten en agentes generadores de la misma en contra de sus descendientes, o continúan siendo víctimas. También, el elevado impacto sobre la salud de quienes la sufren ha obligado a considerarla como uno de los mayores asuntos a tratar por el Estado.
Alemán Hernández destacó que Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz han incluido en sus legislaciones los conceptos de violencia familiar o doméstica.
“Es un problema que requiere acciones de Estado firmes y claras para combatirlo y erradicarlo; labores que se deben dar tanto en el ámbito legislativo como en los demás poderes, así como en los sectores de educación, atención a la salud, desarrollo social y de gobierno”, afirmó.
Una niña o niño que crece en un medio hostil en el cual la falta de respeto, las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, el abandono y el descuido son la constante, “son menores maltratados, aunque no sean los sujetos directos de las agresiones”.
La diputada del PAN afirmó que es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han pretendido elaborar sobre el concepto de violencia familiar, lo cual dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia.
De ahí, añadió, la necesidad de lograr que los congresos de las entidades federativas, armonicen su marco legal a fin de que la violencia familiar sea perseguible de oficio, y así lograr el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política, las leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.