El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, promueve un proyecto constitucional para consolidar un sistema integral que atienda y proteja a las personas mayores, pero, sobre todo, que prevenga, sancione y erradique el maltrato o el abuso en su contra.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el año 2050 habitarán en México más de 150 millones de personas, de las cuales, el 21.5 por ciento, es decir, 32.4 millones, tendrán más de 60 años.
Si bien en nuestro país las personas mayores gozan de todos los derechos que la Constitución establece, aún predomina un modelo legal y político de atención que las considera con un enfoque de asistencia social y no como sujetos de derechos.
Diversos organismos internacionales y mexicanos han sido enfáticos en la necesidad de fortalecer las normas dirigidas a ese grupo poblacional que crece sin parar, de modo que se consolide un sistema integral y adecuado para su atención y protección.
En este contexto, Ricardo Monreal presentará una iniciativa ante el Senado de la República para reformar el artículo 4 de la Carta Magna, a fin de establecer que las personas mayores tienen derecho a disfrutar de una vida plena, independiente y autónoma, así como a recibir un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.
El Estado, consideró, debe asumir la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de este sector, con el fin de contribuir a su total y efectiva inclusión, integración y participación en la sociedad.
Además, el senador planteó que todos los órdenes de gobierno adopten medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas que atenten contra la seguridad e integridad de las personas mayores, tales como el maltrato o el abuso hacia ellas.
Y, a partir de dicho reconocimiento, Ricardo Monreal busca modificar el artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de los Derechos de las Personas Mayores, que defina las obligaciones concretas de la Federación, las entidades federativas y los municipios en estas tareas.
“Reconocer la igualdad de derechos de las personas de 60 años y más no debe limitarse a una simple declaración política”, se requiere, asentó el legislador, continuar con las acciones para su materialización, con un marco conceptual y jurídico pertinentes, así como políticas públicas específicas.
De esta manera, esta iniciativa se suma a la reciente reforma constitucional para reconocer el derecho de las personas mayores a recibir una pensión por parte del Estado, a su incorporación a diversos programas sociales y su inclusión como grupo prioritario en el proceso de vacunación contra la Covid-19.
Con ello, afirmó Ricardo Monreal, se da un paso definitivo para determinar, entre otros aspectos, los mecanismos para hacer exigibles dichos derechos, los procedimientos para evaluar su eficacia y las consecuencias o sanciones en caso de incumplimiento.