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“Mientras eso no lo entendamos y comprendamos que el tiempo es vida, en realidad lo que estamos decidiendo es cuánto vale perder vida todos los días en un autobús”, afirmó Adrián Escamilla al advertir que los usuarios del transporte público pierden, en promedio, 140 horas al año por la congestión vial, frente a 94 horas de quienes utilizan vehículos privados.
El director ejecutivo de Grupo CISA citó los resultados del estudio Costo del Tráfico 2026, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Dat’s Why y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), que estima en 203 mil millones de pesos anuales el costo de la congestión en 44 ciudades del país.
Escamilla sostuvo que el problema no se resolverá mientras el transporte público compita en desventaja frente al automóvil y la motocicleta. A su juicio, si las opciones particulares permiten llegar más rápido, las personas buscarán utilizarlas, incluso cuando el costo sea mayor.
El directivo advirtió que un mayor número de vehículos particulares incrementa la presión sobre las vialidades y alimenta un problema que se retroalimenta. Por ello, consideró que el transporte público debe reconocerse como infraestructura estratégica para el funcionamiento de las ciudades y la economía.
Renovar autobuses, señaló, no garantiza por sí solo desplazamientos más rápidos. Para mejorar el servicio, planteó dar prioridad de circulación al transporte colectivo, conectar las distintas modalidades y avanzar hacia redes y tarifas integradas.
También cuestionó la falta de coordinación entre las políticas de movilidad y de desarrollo urbano, pues consideró que esta separación dificulta la construcción de soluciones duraderas.
El directivo propuso tres decisiones prioritarias: reconocer la movilidad como un asunto estratégico de interés nacional; garantizar financiamiento suficiente y sostenido al transporte público, con referencia a un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); y establecer la integración de los sistemas como una obligación de política pública.
Según explicó, esta última medida permitiría articular las distintas modalidades y evitar que los gobiernos locales desarrollen soluciones aisladas.
Escamilla señaló que la movilidad deficiente afecta de manera desigual a la población. Las personas de menores ingresos suelen depender del transporte público y, si viven en zonas periféricas, pueden dedicar todavía más tiempo a sus recorridos.
Las 140 horas anuales perdidas por los usuarios del transporte colectivo representan 46 horas más que las 94 horas atribuidas a quienes viajan en vehículos privados, según los datos del estudio que citó el directivo.
Además de la productividad, sostuvo, esos tiempos restan oportunidades para estudiar, descansar, convivir con la familia y realizar otras actividades.
El también exacadémico del Instituto Politécnico Nacional consideró que el diagnóstico debe servir como una alerta para las autoridades y que la movilidad debe evaluarse por su capacidad para ofrecer traslados rápidos, eficientes y accesibles.