La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), destacó la importancia de que el Pleno de la Cámara de Diputados haya aprobado, con modificaciones, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que forman parte de la Miscelánea para la Libertad de Expresión en México que presentó en el mes de octubre.
La legisladora explicó que esta propuesta tiene el objetivo de brindar seguridad jurídica a las víctimas de delitos relacionados con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y “hacer obligatoria la facultad de atracción de la PGR en este tipo de ilícitos”.
Por ello, propuso modificar la Ley Orgánica de la PGR, a efecto de llevar a cabo una armonización de términos dada la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Velázquez Valdez señaló que los diputados integrantes de la Comisión de Justicia compartieron plenamente su intención, ya que con esta iniciativa se busca garantizar los derechos de los periodistas en nuestro país.
Consideraron viable y necesario, dijo, que en la Ley Orgánica de la PGR se sustituya la referencia que hace el artículo 11 sobre el abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, para que en su lugar se haga referencia al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Apuntó que la actual redacción del texto vigente del citado artículo deja en incertidumbre jurídica a las y los periodistas cuando sufran y sean víctimas de algún ilícito en contra de la libertad de expresión, de acuerdo a lo dispuesto en un Código que ya está abrogado.
La legisladora por Nuevo León lamentó que la segunda parte de la iniciativa no logró aprobarse, pese a que en el último año se han registrado 16 homicidios de periodistas, 11 atentados a medios de comunicación y numerosas agresiones.
“El 99.7 por ciento de esas agresiones quedan impunes debido a que las autoridades federales dejan en el ámbito local las investigaciones, cuando está demostrado que el 53 por ciento de esos ataques son cometidas por funcionarios de los gobiernos locales”, subrayó.
Velázquez Valdez refrendó su convicción de “seguir insistiendo hasta conseguir la obligatoriedad de la facultad de atracción que tiene la PGR en los casos de delitos cometidos contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”.
