Ante la inacción de las autoridades para llevar las vacunas contra COVID-19 a la comunidad de Unión Hidalgo, Ranchú Gubiña, Oaxaca, pese al amparo que les fue concedido la semana pasada, los adultos mayores de dicha localidad y de varias más de la zona del Istmo de Tehuantepec se volvieron a amparar, para sumar ya más de 300 personas, todos entre los 60 y 95 años de edad.
Los habitantes de esta región, que se caracteriza por su alto grado de marginación y pobreza, con una población conformada mayoritariamente por adultos mayores de origen indígena zapoteca, continúan siendo discriminados por las autoridades tanto estatales como federales.
Edward Martín Regalado, socio fundador de Regalado & Galindo Abogados, se dijo preocupado ante el semáforo verde anunciado este lunes para la entidad, pues, insistió, contagiarse de COVID-19 en esta región zapoteca es una sentencia de muerte, pues no hay hospitales, ni puntos de venta de oxígeno, y son muchos los habitantes que trabajan en las plataformas de Pemex, que es un importante foco de propagación de este mortal virus.
La semana pasada, la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México amparó a 15 adultos mayores de la comunidad de Unión Hidalgo, Ranchú Gubiña, con lo que se ordenó al coordinador estatal “Correcaminos” en el estado de Oaxaca, Alejandro Svarch Pérez; al Gobernador del Estado, José Murat; y al Secretario de Salud de la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, suministrar lo más pronto posible la vacuna, pues estas autoridades son las responsables de poner en riesgo la vida de este grupo vulnerable.
Este fin de semana, el abogado Edward Martín Regalado visitó nuevamente Oaxaca para recoger más firmas, con las que promovió una segunda demanda de amparo. El objetivo, dijo, es que se deje de ignorar a los indígenas de la tercera edad, que se les deje de discriminar y que se les respete su derecho a la salud: “es importante ponerlos en el mapa. Es un tema de justicia”, puntualizó.
