“Hemos ganado amparos para que se obligue a garantizar la seguridad del Metro, pero también para que Grupo Carso pague una indemnización justa. La justicia no puede seguir postergándose”, afirmó Teófilo Benítez Grados, asesor jurídico de 12 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro, al cumplirse cuatro años de la tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021.
A pesar del tiempo transcurrido desde el desplome de un tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos, las víctimas continúan en litigio y denuncian la lentitud del Poder Judicial de la Ciudad de México, que sigue sin dictar responsabilidades penales claras contra los implicados, incluida la constructora Grupo Carso, señalada como una de las responsables directas.
Recientemente, los afectados obtuvieron un amparo que obliga a revalorar las indemnizaciones otorgadas, mismas que habían sido calificadas como insuficientes e incongruentes con el daño real sufrido. El fallo revoca un amparo previo a favor de Carso Infraestructura y Construcciones y ratifica la sentencia que exige una reparación integral del daño, conforme a la capacidad económica de la empresa.
“La indemnización de Grupo Carso, aunque fue un paso, no cubre el daño físico, emocional y económico que enfrentamos desde 2021. No recuperamos nuestra vida como era antes del colapso”, dijo una de las víctimas durante un pronunciamiento conjunto.
Las víctimas también acusan complicidad institucional. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habrían actuado para proteger a la empresa y presionar a las familias a aceptar acuerdos reparatorios desfavorables. “La Fiscalía litigó a favor de Carso, no de nosotros”, reclamaron.
El nuevo fallo judicial representa un avance significativo tras años de impunidad, manipulación legal y desgaste emocional y económico. Sin embargo, el camino a la justicia sigue enredado. El tribunal capitalino permanece “entrampado” por los amparos promovidos por nueve imputados, estrategia que, según el abogado Benítez, busca desgastar a las víctimas y empujarlas al desistimiento.
Ante la falta de respuestas locales, las víctimas ya preparan una ofensiva internacional para llevar el caso ante organismos de derechos humanos, acusando al Estado mexicano de no garantizar una reparación auténtica ni el acceso a la justicia.
En paralelo, exigen que los jueces valoren nuevas pruebas, incluidas grabaciones en las que presuntamente la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, reconoce que la Línea 12 debía haber sido reemplazada por completo.
“Exigimos cárcel para los responsables y cumplimiento pleno del último amparo. Si los magistrados no lo acatan, los vamos a demandar”, advirtió Benítez Grados.
La tragedia, que cobró la vida de 26 personas y dejó más de 100 heridas, se convirtió en uno de los peores accidentes de transporte en la historia reciente de la capital. Cuatro años después, el clamor por justicia permanece más vivo que nunca, alimentado por la indignación social, la ausencia de castigo y una reparación del daño aún incompleta.
