Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada de personas y obstrucción de la justicia por ocultamiento de pruebas relacionados con el caso Ayotzinapa.

El exmandatario permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano mientras continúa la investigación sobre la presunta destrucción de videograbaciones que podrían aportar información sobre lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.  

La resolución fue dictada este miércoles 12 de agosto de 2026, después de una audiencia que se prolongó durante casi 14 horas y concluyó alrededor de las tres de la madrugada. El juez determinó que la hipótesis presentada por el Ministerio Público cuenta, en esta etapa procesal, con elementos suficientes para que el procedimiento penal continúe.  

Aguirre permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juzgador estableció además un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa podrán aportar nuevos elementos de prueba.  

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria ni determina la culpabilidad del exgobernador. Las acusaciones formuladas en su contra deberán acreditarse durante el procedimiento judicial. 

Acusación se centra en videos de Iguala 

La investigación está relacionada con videograbaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala que, según la Fiscalía, podrían aportar información relevante sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Aguirre habría recibido grabaciones y posteriormente ordenado su destrucción. El material presuntamente mostraba la intervención de policías municipales y estatales en la detención de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas.  

Los señalamientos sobre la recepción y destrucción del material corresponden a la acusación de la Fiscalía y no constituyen hechos acreditados mediante una sentencia. 

La nueva línea de investigación tomó fuerza a partir de testimonios recabados este año. Reuters informó tras la detención del exgobernador que declaraciones obtenidas en enero y mayo de 2026, una de ellas de un testigo protegido, sustentaron la hipótesis de que Aguirre pudo haber ordenado la destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los estudiantes.  

Defensa sostiene que Aguirre estaba en Ciudad de México 

La defensa rechazó las acusaciones y presentó elementos para sostener que Aguirre se encontraba en la Ciudad de México cuando, de acuerdo con la hipótesis ministerial, presuntamente habría recibido las grabaciones. 

Sus abogados señalaron que el exgobernador se encontraba reunido con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando supuestamente se produjo la entrega del material. El juez consideró que los elementos presentados por la defensa no eran suficientes, en esta etapa procesal, para impedir la continuación del procedimiento.  

La defensa anunció que apelará la resolución. También solicitó que Aguirre pudiera continuar el proceso en prisión domiciliaria, petición que fue rechazada, por lo que permanecerá en el Altiplano.  

Aguirre fue detenido el 6 de agosto 

El exgobernador fue detenido el 6 de agosto de 2026. La fiscal general Ernestina Godoy informó entonces que Aguirre enfrentaba acusaciones de obstrucción de la justicia y desaparición forzada vinculadas con la presunta destrucción de evidencia del caso Ayotzinapa.  

Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques contra los normalistas y su posterior desaparición. En octubre de 2014 solicitó licencia para separarse del cargo en medio de la crisis política generada por el caso. 

Su procesamiento representa uno de los movimientos judiciales de mayor relevancia en los últimos años dentro de la investigación, al involucrar a quien encabezaba el gobierno de Guerrero cuando ocurrieron los hechos. 

Ayotzinapa, casi 12 años sin esclarecerse 

La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, los normalistas fueron atacados en Iguala, Guerrero, y 43 estudiantes desaparecieron. 

A casi 12 años de los hechos, sólo han sido identificados restos de tres de los 43 normalistas, mientras el paradero de los demás continúa sin esclarecerse.  

La vinculación a proceso de Aguirre abre ahora una vertiente judicial dirigida a determinar si desde el gobierno estatal se realizaron acciones para ocultar o destruir información que pudiera contribuir al esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes. 

Durante los próximos cuatro meses, la FGR deberá continuar reuniendo elementos para sustentar su acusación, mientras la defensa podrá presentar pruebas para controvertirla. Será el desarrollo del proceso judicial el que determine la eventual responsabilidad penal del exgobernador.